Durante años en González Catán una red de consultorios truchos usó matrículas robadas y sellos falsos para atender a cientos de pacientes. Desde Telemedia recorremos qué señales de alarma pueden adoptar los profesionales y las instituciones para que la confianza en el sistema de salud no dependa de la buena fe.
La investigación judicial, que avanza sobre al menos 17 hechos y apunta al clan Santarceri como responsable de una presunta asociación ilícita, describe una red que funcionaba bajo la fachada de una prepaga ("Argentina Salud") con sede en González Catán y ramificaciones en Virrey del Pino, San Justo y Laferrere. El modus operandi consistía en copiar matrículas reales de médicos profesionales desde internet o desde documentos oficiales, con las que se fabricaban sellos, recetas y estudios apócrifos. Según la causa, había personas sin ningún título habilitante atendiendo pacientes en consultorios sin habilitación sanitaria ni empresarial.
El esquema incluía, además de los consultorios, un servicio de ambulancias, médicos a domicilio y una cadena de farmacias que operaba sin autorización, según pudo reconstruirse a partir de la causa judicial. La estructura aprovechó la vulnerabilidad de una zona con mucha población y pocos hospitales, y ofrecía cobertura a cambio de una cuota mensual. El costo no fue solo económico: se investigan muertes de pacientes vinculadas al circuito, y varios médicos matriculados descubrieron que sus identidades profesionales habían sido usurpadas sin su conocimiento.
Lo que pasó en González Catán no es un hecho aislado, es la versión extrema de un problema que atraviesa a todo el sistema de salud en una era donde un sello, un diploma o una credencial pueden fabricarse con la misma facilidad que se edita una foto. Frente a este escenario, frenar estas estructuras exige acciones específicas de cada actor del sistema:
Para los profesionales, mantener actualizada la matrícula en los registros del colegio o consejo médico es hoy una tarea tan necesaria como incómoda. Pero la responsabilidad ya no termina ahí: exige revisar periódicamente que no circulen sellos o recetarios apócrifos con el nombre propio. Denunciar ante cualquier indicio de usurpación, un paciente que llega con una receta que no se emitió, un certificado que no se firmó, corta la cadena antes de que escale (en Argentina, ante el colegio médico distrital que corresponda; en Brasil, a través de Medicina Segura, la plataforma que el CFM lanzó este año para centralizar denuncias de ejercicio ilegal de la medicina).
Para las instituciones, es imperativo auditar proveedores y prestadores tercerizados con la misma exigencia con la que se audita un protocolo clínico, cruzando esa información contra el registro oficial de establecimientos habilitados de cada país (en Argentina, el REFES; en Perú, el RENIPRESS de SUSALUD), sin asumir que una cartera de prestaciones amplia es parte de la responsabilidad sanitaria.
Para los pacientes, verificar la matrícula de un profesional en el padrón público de cada país (en Argentina, el registro de la provincia; en México, el del Registro Nacional de Profesionistas; en Colombia, el del Consejo Nacional de Talento Humano en Salud) lleva dos minutos y es un derecho. Desconfiar de las prestaciones "todo incluido" que no figuran en ningún otro lado, de las cuotas que se pagan en efectivo sin factura, y de los diagnósticos que llegan sin estudios de respaldo, es una forma concreta de cuidado. La vulnerabilidad de un malestar médico, el apuro, el miedo, la necesidad de una respuesta rápida, es exactamente lo que este tipo de estructuras explota.
Nadie elige un médico desconfiando, pensando en comprobar antes. Y está bien que sea así. El sistema de salud funciona porque, en la mayoría de los casos, esa confianza está bien depositada. Pero no se sostiene sola. La sostienen matrículas verificadas, controles que funcionan, alguien que pregunta cuando algo no cierra.
Del otro lado de cada hecho como este, hay un médico real al que le robaron el nombre, y un paciente real al que le robaron la certeza de estar cuidado. Proteger el nombre, la certeza y la seriedad con la que se ejerce la medicina no es, más, ni menos, que cuidar la salud. Lo mismo que se pone en juego cada vez que alguien se sienta frente a un médico.